Un recorrido sobre las políticas antinflacionarias en Argentina
La inflación es un fenómeno de larga data en Argentina, y el último dato disponible de agosto de 2023 sitúa en 12.44% el aumento de índice de precios al consumidor mensual. El valor más elevado desde 1991, cuando se estaba saliendo del último proceso hiperinflacionario del país.
Desde 1943 hay datos oficiales del aumento general de precios, en estos 80 años, en solo 17 años la inflación anual fue inferior a los dos dígitos, pero en 16 años mayor a tres dígitos y el promedio total del período se ubica en 146.98%. No solo la inflación es elevada y persistente en Argentina, sino que en general fue, y aun es, uno de los países con mayor inflación en el mundo.
Este informe que se enmarca en una serie de trabajos que tiene al fenómeno inflacionacionario como el eje central, se pone el foco en los distintos planes y políticas antiinflacionarias que se aplicaron en Argentina. ¿Por qué es importante conocer las medidas que se tomaron alguna vez en nuestro país? Porque se han implementado diferentes programas y planes de estabilización con resultados mixtos. Por lo tanto, para poder entender que tipo de plan podría llegar a tener éxito (y cual no) en un futuro es necesario conocer las experiencias por las cuales paso la economía local.
Un programa de estabilización se entiende como un conjunto de políticas monetarias, fiscales y de balance de pagos conducentes a resolver inestabilidades macroeconómicas de corto plazo. Es decir que se supone “a priori” una economía estable que tiene un desequilibrio transitorio, y necesita ser resuelto para no que genere demasiadas consecuencias en la población, sin que requiera un cambio estructural. Sin embargo, los planes de estabilización se han tomado como punto de partida para realizar cambios estructurales, aunque siempre y en cuando se tomen medidas de corto plazo.
Dornmush y Simonsen (1987), distinguen entre políticas de austeridad fiscal y políticas de ingresos. Presentan una taxonomía según las distintas combinaciones de estos tipos de medidas. Expuesto a nivel teórico se distinguen dos grandes grupos de medidas, las políticas ortodoxas y heterodoxas. Si bien estas que parecieran antagónicas, no son mutuamente excluyentes y los programas de estabilización pueden acoger una combinación de ambos tipos.
Las políticas ortodoxas antiinflacionarias se basan en controlar la demanda agregada y los factores que producen expansión de la oferta monetaria. Este tipo de medidas pueden traer aparejados importantes costos, en lo que refiere a recesión y caída del producto y, en consecuencia, aumento del desempleo a corto plazo en ambos casos, centrándose en restricciones fiscales.
En tanto las políticas heterodoxas nacen ante la imposibilidad que surge recurrentemente de cambiar las expectativas de los agentes económicos. Este tipo de medidas tiene como eje precios claves e ingresos (por ejemplo, los salarios) para centrarse en el componente inercial de la inflación, además del componente fiscal previamente comentado.
Pero también debe tenerse en cuenta el componente temporal de las medidas adoptadas, el shock hace referencia a que las medidas y reformas del plan de estabilización deben introducirse simultáneamente y de una sola vez. En tanto el gradualismo es la aplicación de las medidas o reformas que se van implementando con el transcurso de tiempo y buscando objetivos intermedios.
El argumento de las políticas de shock es de aprovechar la credibilidad o respaldo político que tiene un equipo de gobierno. Son reformas rápidas y profundas, que se plantean de manera irreversible, la diferencia con el gradualismo es que permite corregir las medidas aplicadas según los resultados. La irreversibilidad es una ventaja que tienen las políticas de shock solo si se toman las medidas correctas, en caso contrario el costo puede ser muy elevado, debido a la pérdida de credibilidad y de respaldo político.
Luego se analizan 8 programas o planes de estabilización haciendo referencia al contexto político y económico en donde son tomadas estas decisiones. Se recorre desde el plan económico de 1952 hasta las metas de inflación de 2017.